México.- Los 61 mil 313 millones de pesos asignados por el Gobierno para la reconstrucción de Acapulco y Coyuca, en Guerrero, después del paso del huracán «Otis», carecen de etiquetado, lo que según expertos podría resultar en la no entrega de estos fondos.

Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), explicó que cuando los recursos no están etiquetados, no existe una obligación jurídica para ejecutarlos en los proyectos propuestos. «En mi opinión, esto genera una falta de certeza legal», añadió.

Mariana Campos, directora general de México Evalúa, señaló que el extinto Fondo de Desastres Naturales (Fonden) proporcionaba certidumbre, ya que los recursos estaban blindados y no tenían que ser devueltos a la Tesorería si no se utilizaban durante el año.

«Considero que sin etiquetar recursos en 2024 y sin abrir un fideicomiso específico para esto hay mucha incertidumbre; me preocupa mucho porque algo que el Gobierno debe perseguir es que haya certeza, no incertidumbre. Además, el Presidente se va el primero de octubre, menos de un año en la oficina, sabemos que el tema de Acapulco va a exceder su término, por eso es tan importante la creación de un fideicomiso, que se quede un contrato con las obligaciones», comentó.

Carrillo sugirió que se podrían utilizar los recursos etiquetados en el programa Fondo de Desastres para la reconstrucción de Acapulco, aunque advirtió sobre la posibilidad de reasignaciones durante el año, lo cual podría afectar a otras entidades o dependencias.

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Explicó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador había propuesto utilizar los 15 mil 800 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial para la reconstrucción de Acapulco, pero esta opción se ve comprometida debido a que una jueza federal aplazó la audiencia para decidir sobre la suspensión indefinida de la extinción de los fideicomisos de ese Poder.

Campos sugirió la necesidad de establecer un fondo específico para Acapulco, aclarar las fuentes de financiamiento, etiquetar los recursos y depositarlos en un fondo que siga prácticas de transparencia y rendición de cuentas para restaurar la certeza perdida con la extinción del Fonden.