México.- Documentos judiciales recientemente desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan una oscura trama de colusión entre el poder político y el crimen organizado en Sinaloa. Según la acusación formal, la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa no solo financió, sino que operó activamente mediante el secuestro, la intimidación y el robo de urnas para garantizar el triunfo de Rubén Rocha Moya en las elecciones de 2021.

La investigación señala que el actual gobernador habría pactado directamente con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán la entrega de posiciones clave en su gabinete a cambio de su ascenso al poder.

La reunión del acuerdo: Poder por protección
La acusación afirma que, a principios de 2021, se llevó a cabo una reunión privada entre Rocha Moya y los líderes de la organización. En dicho encuentro:

  • La promesa del Cártel: Iván y Ovidio Guzmán se comprometieron a asegurar el triunfo electoral del candidato.
  • La promesa del Político: De resultar electo, Rocha Moya colocaría a funcionarios afines al tráfico de drogas en puestos de autoridad.

Posterior a la elección, la colusión se habría extendido al control de la Policía Estatal de Sinaloa, permitiendo que el cártel operara sin riesgos de interferencia oficial.

Operación Limpieza: Intimidación y robo de boletas
El documento judicial detalla tácticas de «brazo armado» utilizadas durante el proceso electoral, coordinadas presuntamente por colaboradores cercanos como Enrique Díaz Vega, quien habría entregado una lista de oponentes políticos con sus direcciones para ser «neutralizados».

Las acciones reportadas el día de la elección incluyen:

  • Secuestro de opositores: Candidatos contrincantes fueron privados de su libertad para obligarlos a retirarse.
  • Violencia en casillas: Sicarios armados con pistolas y tablas (paddles) golpearon a votantes para forzarlos a votar por Rocha Moya.
  • Omisión policial: Oficiales recibieron órdenes de no intervenir mientras el cártel robaba boletas y urnas de los partidos de oposición.

Una vez en el cargo, la acusación señala que el gobernador y el senador Enrique Inzunza Cázarez mantuvieron el vínculo con los líderes criminales. El plan incluyó una estrategia de «percepción pública» donde mandos policiales corruptos, como el comandante de la Policía Estatal Preventiva, José Antonio Dionisio Hipólito, y el de la Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, arrestaban exclusivamente a enemigos de Los Chapitos para simular una mejora en la seguridad estatal.