El grave delito de desapariciones forzadas llegó hasta la Organización de las Naciones Unidas.
Al instante, el Gobierno federal lo descalificó al considerarlo tendencioso y carente de rigor, además de que omite los avances.
Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas ya lo analiza en su Comisión Especializada en esos temas contra la humanidad.
En primera instancia, el documento busca que la ONU auxilie al Gobierno mexicano para prevenir, investigar y erradicar el delito, junto a lo más importante: encontrar a los desaparecidos que aún viven.
Es un hecho que el delito ha crecido, como crece la protección, desde los estados, y la complacencia de sus autoridades.
En ese sentido, y aunque la respuesta del Gobierno federal tiene un matiz político, lo cierto es que el delito de desapariciones forzadas aumenta en estados gobernados por Morena; los hechos y los datos fríos lo demuestran.
Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Zacatecas, Guerrero y Tabasco son algunos donde la inseguridad tiene en el miedo y el hartazgo a sus ciudadanos.
También se encuentran Guanajuato, gobernado por el PAN, y Jalisco, por Movimiento Ciudadano.
Y por supuesto que, si en nuestro país aumentan las desapariciones y no se han podido erradicar, del exterior, en este caso en la ONU, viene la decisión de apoyar al Gobierno mexicano para auxiliarlo.
La ONU hoy tiene el documento, pero todos los países del mundo, en esta interacción global, saben de los graves problemas de inseguridad que vivimos en la mayoría de los estados.
No podemos tapar el Sol con un dedo ante un delito tan grave como lo es la desaparición forzada, porque detrás se encuentran muchos factores, pero el principal es la exigencia del crimen organizado, bajo la complacencia de los gobernadores morenistas.
A nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, pero, en este caso, el tema es grave y se coloca en el escenario de alto riesgo a la humanidad.
