México.-  La situación legal de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna se complica. Tras ser señalados como los líderes de una red de «huachicol fiscal» en las aduanas de Tamaulipas, la Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto un nuevo frente de investigación: lavado de dinero.

De acuerdo con informes federales de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), las pesquisas por blanqueo de capitales no solo alcanzan al Vicealmirante y al Contralmirante, sino también al Capitán de Corbeta Retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “El Capitán Sol”, y a las esposas de los tres implicados.

Gastos desproporcionados y transferencias internacionales
La investigación, robustecida por análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha detectado discrepancias brutales entre los salarios de los exmandos y su estilo de vida:

  • Manuel Roberto Farías: Registró un aumento exponencial en sus gastos. Mientras que en 2020 erogó apenas 256 mil pesos, para el año 2023 sus gastos ascendieron a 4 millones 931 mil pesos; es decir, su ritmo de gasto creció casi 20 veces en solo tres años.
  • Fernando Farías: El Contralmirante, recientemente detenido en Argentina, realizó operaciones de alto impacto financiero. El 15 de mayo de 2024 adquirió un inmueble en Nogales, Sonora, valuado en 2.2 millones de dólares, pagado mediante cinco transferencias internacionales. Además, en 2021 realizó aportaciones por 11.1 millones de pesos a una póliza de seguro a nombre de su madre.

Trazabilidad financiera tras denuncia anónima
Aunque la indagatoria por lavado de dinero tuvo su origen en una denuncia anónima recibida el 20 de enero de 2025, la FGR ha logrado consolidar el caso mediante el rastreo de operaciones bancarias y movimientos en efectivo que presuntamente provienen de los sobornos pagados por permitir la descarga ilegal de buques de combustible en Altamira y Tampico.

A pesar de la solidez de los hallazgos financieros, la FGR aún mantiene esta carpeta en fase de integración y no ha judicializado formalmente el caso de blanqueo de capitales ante un juez.