Estados Unidos.- Agentes del FBI detuvieron en Utah a Ricardo Verduzco Bernal, exfuncionario del gobierno de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya, acusado ante una corte federal de posesión de fentanilo con intención de distribuirlo. En la habitación del hotel donde fue localizado, las autoridades estadounidenses aseguraron más de 11 kilogramos de la droga, cantidad equivalente a aproximadamente 111 mil pastillas.

Según información de la Fiscalía Federal de Estados Unidos, la captura fue resultado de una operación encubierta contra una presunta organización dedicada a distribuir grandes cantidades de narcóticos. Una compra controlada permitió a los investigadores seguir la ruta del fentanilo hasta Verduzco Bernal, quien fue detenido el 12 de agosto en el condado de Salt Lake City.

El detenido no era un personaje ajeno al aparato público sinaloense. Se desempeñó como director del Instituto Municipal del Deporte de Guasave y posteriormente fue incorporado como coordinador de la zona centro-norte del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte. De acuerdo con la información publicada, permaneció vinculado con el gobierno estatal hasta el pasado 31 de julio.

La captura golpea nuevamente al círculo político construido durante la administración de Rocha Moya. Ya no se trata únicamente de discursos opositores o señalamientos mediáticos: ahora existe un exfuncionario de su gobierno detenido y sujeto a proceso en Estados Unidos por un cargamento de fentanilo de enormes dimensiones.

Cada nueva detención vuelve más insostenible la narrativa de que todo se reduce a una persecución política. Mientras en México el oficialismo ofrece protección, silencio y evasivas, las autoridades estadounidenses realizan investigaciones, ejecutan órdenes judiciales y presentan acusaciones formales contra personajes relacionados con el poder político de Sinaloa.

Rocha Moya y Morena deben responder con claridad: quién incorporó a Verduzco Bernal al gobierno estatal, cuáles eran sus funciones, qué controles se aplicaron sobre su actuación y qué otros vínculos mantuvo dentro de la administración. Ante una detención de esta magnitud, guardar silencio también constituye una definición política.

El caso profundiza una pregunta que el oficialismo ya no puede seguir evadiendo: ¿cuántos personajes vinculados con el narcotráfico operaron desde las estructuras del Gobierno de Sinaloa mientras Morena aseguraba que no ocurría nada?