Ayer le comentaba a usted sobre la indignante situación en la que las familias mineras viven y cómo otras se enriquecen a base de la explotación laboral y la corrupción. Le puse como ejemplo a la de la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, pero hoy le voy a dar otro ejemplo y tiene que ver precisamente con los dueños del pozo en donde 10 mineros continúan atrapados con muy pocas probabilidades de ser rescatados con vida.
Una tragedia de esta magnitud ha sacado a flote los nexos de corrupción que tiene la familia de quien dicen es el propietario. Las primeras investigaciones arrojaron el nombre de Régulo Zapata Jaime, político priísta y casualmente esposo de Carolina Morales Iribarren, actual subsecretaria del Trabajo en la región Carbonífera y exalcaldesa de este municipio en el periodo 2006-2009; la cual tuvo tuvo numerosas irregularidades identificadas por la Auditoría Superior del Estado por un monto de 18 millones de pesos.
Por su parte, las empresas de Zapata Jaime acaban de obtener un contrato con la Comisión Federal de Electricidad por más de 50 millones de pesos. La familia Zapata Jaime ha sido favorecida del contratista para alimentar las carboeléctricas “Carbón II” y “Plutarco Elías Calles” (localizadas en Nava, Coahuila), como casi todo el grupo político ligado al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y exgobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy, él mismo y sus hermanos, con concesiones para minería de carbón.
Incluso hay evidencia que la familia Zapata Morales tuvo nexos con Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas y hoy preso por 20 años por recibir sobornos. Pero ahí no acaba la cosa, Régulo Zapata hijo se encuentra implicado en una investigación por corrupción en el financiamiento del partido de derecha guatemalteco “Vamos”, que llevó al poder al actual presidente Alejandro Giamattei. Así las cosas, ahora yo le pregunto a usted, ¿cree realmente que haya justicia para las familias de estos 10 mineros? Yo creo que no.
