La Jornada de trabajo, según el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo, es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo.

En ese tenor, el proyecto de reforma a las fracciones IV y XI del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos propone establecer una jornada máxima de cuarenta horas semanales, garantizando al menos un día de descanso con goce de salario íntegro por cada seis días laborados. Asimismo, regula el trabajo extraordinario, fijando un pago adicional del cien por ciento sobre la hora ordinaria y un límite de doce horas semanales, con un máximo de cuatro horas diarias hasta por cuatro días. En caso de exceder dicho límite, el pago será del doscientos por ciento, prohibiéndose el trabajo extraordinario para menores de dieciocho años.

En apariencia, se trata de una reforma orientada al bienestar laboral. Sin embargo, el debate no es meramente técnico ni humanitario: es profundamente ideológico y económico.

El derecho del trabajo mexicano nació bajo la lógica del llamado “derecho social”, cuyo propósito histórico fue equilibrar los factores de la producción y alcanzar la denominada justicia social. Pero ¿qué significa realmente ese concepto? ¿Es un principio jurídico claro o una consigna política?

Como sostiene Axel Kaiser en Parásitos mentales, la “justicia social” suele entenderse como redistribución coercitiva destinada a igualar resultados. Para el autor, se trata de una noción ambigua que, al no estar claramente delimitada, facilita la expansión discrecional del poder estatal. Cuando el Estado deja de aplicar reglas generales y neutrales para dirigir resultados concretos, altera los incentivos, erosiona la seguridad jurídica y politiza la economía.

Kaiser advierte además que convertir desigualdades en “injusticias sistémicas” desplaza el debate del ámbito productivo al político, donde distintos grupos compiten por beneficios regulatorios. El resultado puede ser clientelismo y captura normativa. Bajo esta óptica, la reducción obligatoria de la jornada laboral no sería una simple mejora en condiciones de trabajo, sino una intervención directa en la estructura de incentivos del mercado.

La crítica encuentra eco en el pensamiento de Friedrich Hayek, quien sostuvo que la justicia social es incompatible con el orden espontáneo del mercado. Para Hayek, los resultados económicos no son fruto de un diseño central, sino de múltiples interacciones voluntarias. Cuando el legislador impone reglas uniformes —como una jornada máxima reducida— sustituye decisiones individuales por planificación normativa.

La jornada laboral, en un esquema de libertad contractual, es resultado de negociación entre empleadores y trabajadores. Alterarla por mandato general implica modificar la relación entre salario y tiempo de trabajo. El efecto no es neutro: puede traducirse en mayores importes por hora trabajada, reducción en la contratación, traslado de costos al consumidor, afectaciones a pequeñas y medianas empresas e incremento de la informalidad.

Además, la productividad no aumenta automáticamente por trabajar menos horas. Depende de múltiples variables —innovación tecnológica, capital humano, organización empresarial, inversión— que no se decretan desde el Congreso.

Desde esta perspectiva liberal, el problema no es la jornada en sí misma, sino quién decide su duración. Si el Estado asume que puede determinar uniformemente lo que conviene a todos los sectores productivos, corre el riesgo de rigidizar el mercado laboral y debilitar su capacidad de adaptación.

La pregunta de fondo no es si las cuarenta horas son deseables, sino si deben imponerse constitucionalmente bajo el argumento de la justicia social, incluso invocando estándares de organismos internacionales cuyas decisiones responden también a equilibrios políticos entre Estados.

La discusión exige algo más que entusiasmo reformista. Requiere ponderar si el camino hacia mejores condiciones laborales pasa por mayor intervención estatal o por un entorno de libertad económica que permita a cada sector encontrar su propio equilibrio. Porque, como advertía Hayek, cuando la política sustituye al mercado en la asignación de decisiones, el costo suele pagarse en eficiencia, productividad y libertad.