México.- En un nuevo paso hacia la consolidación de la política de austeridad republicana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío de una reforma constitucional para eliminar las pensiones de lujo de exfuncionarios federales de confianza. La propuesta busca establecer un límite estricto: nadie podrá jubilarse con un monto superior a la mitad del salario del titular del Ejecutivo federal.

La iniciativa, que será redactada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en conjunto con la Consejería Jurídica, apunta exclusivamente a los altos mandos y personal de confianza, garantizando que los derechos de trabajadores sindicalizados y de base (como los de PEMEX o CFE) permanezcan intactos.

El fin de los privilegios dorados
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria calificó como «incompatible» que, mientras el país promueve la equidad, existan exdirectivos que perciban montos estratosféricos tras haber laborado pocos años en cargos de alto nivel.

“No podemos seguir pagando un millón de pesos mensuales con recursos públicos”, sentenció Sheinbaum, aclarando que la reforma no será retroactiva, aplicándose únicamente a quienes se jubilen después de su aprobación.

Radiografía del gasto: Los organismos bajo la lupa
El Gobierno Federal presentó datos que justifican la urgencia de la reforma, señalando que algunas pensiones de exfuncionarios superan hasta 35 veces el promedio nacional. Entre las instituciones con esquemas de jubilación más costosos para el erario destacan:

  • Luz y Fuerza del Centro: Con miles de casos que superan el sueldo presidencial.
  • Organismos Financieros: Nacional Financiera (Nafin), Banobras y Bancomext.
  • Impacto Fiscal: Se estima que estos subsidios representan costos anuales de decenas de miles de millones de pesos cubiertos con recursos públicos.

¿Qué implica la reforma al Artículo 127?
La propuesta plantea modificar el Artículo 127 de la Constitución Política, el cual ya regula que ningún servidor público puede ganar más que el presidente. Ahora, este tope se extendería al ámbito de las jubilaciones para el personal de confianza, vinculando directamente el monto máximo al 50% de la remuneración presidencial vigente.

Desafíos y contexto estructural
Expertos en materia laboral y fiscal señalan que, aunque la medida goza de popularidad por su enfoque de equidad, el debate en el Congreso será complejo. Se deberán equilibrar los derechos laborales con la sostenibilidad financiera, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional y presión presupuestaria sobre el sistema de pensiones en México.

De aprobarse, esta reforma marcaría un precedente histórico en la política salarial del sector público, redefiniendo las condiciones de retiro para la futura élite burocrática del país.