En México, el problema no suele ser la ausencia de leyes, sino su cumplimiento. La llamada Ley Silla es un ejemplo claro de esta patología institucional: una norma vigente, clara en su objetivo y razonable en su contenido, que sigue siendo ignorada por numerosos empleadores ante la laxitud de la supervisión y la falta de consecuencias reales.

La reciente exigencia de legisladores para imponer sanciones efectivas a quienes incumplen esta disposición no es un exceso regulatorio ni una ocurrencia populista. Es, en realidad, un llamado tardío pero necesario para que la ley deje de ser un mero enunciado aspiracional y se convierta en una regla operativa del mundo laboral.

La obligación de proporcionar sillas con respaldo y permitir su uso durante la jornada laboral no responde a un capricho ni a una agenda de comodidad. Responde a criterios básicos de salud ocupacional, ampliamente documentados, que buscan prevenir daños derivados de la bipedestación prolongada: problemas circulatorios, lesiones musculoesqueléticas y desgaste físico acumulado. Ignorar esto no solo vulnera derechos laborales, también traslada costos al sistema de salud y normaliza condiciones de trabajo indignas.

Resulta especialmente preocupante que, a más de un año de su entrada en vigor, existan prácticas deliberadas para simular el cumplimiento: sillas inservibles, ocultamiento de mobiliario durante inspecciones o represalias contra trabajadores que intentan ejercer un derecho reconocido por la ley. Estas conductas no son simples omisiones administrativas; son actos de resistencia abierta al marco legal.

Por ello, la discusión sobre sanciones no debe verse como un debate ideológico, sino como una cuestión de Estado de derecho. Una norma que no se hace cumplir erosiona la credibilidad de todo el sistema jurídico. Cuando incumplir resulta más barato que cumplir, el mensaje es claro: la ley es negociable y el derecho laboral, secundario.

Las multas previstas y la posibilidad de suspender actividades en casos de reincidencia no buscan castigar por castigar. Buscan restablecer un equilibrio básico entre capital y trabajo, y evitar que el incumplimiento se convierta en ventaja competitiva. Cumplir la ley no debería ser una desventaja para quien sí asume su responsabilidad social y legal.

Desde luego, la aplicación de sanciones debe ir acompañada de información, orientación y criterios técnicos claros. Pero el acompañamiento no puede sustituir la autoridad. Una inspección sin consecuencias es apenas una simulación burocrática más.

La Ley Silla puede parecer menor frente a los grandes debates laborales del país, pero en realidad es un termómetro de algo más profundo: la voluntad del Estado para hacer valer derechos básicos en la vida cotidiana de millones de trabajadores. Si ni siquiera una obligación tan elemental logra cumplirse, el problema no es la silla: es la fragilidad del cumplimiento normativo.

En un país que aspira a hablar de trabajo digno, productividad y bienestar, permitir que esta ley se incumpla sin consecuencias es aceptar que la dignidad laboral siga siendo opcional.