Hace unos días, durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ante la Cámara de Diputados, tuve oportunidad de plantear tres preguntas que considero fundamentales para entender la situación de seguridad que enfrenta nuestro país. No son preguntas para alimentar confrontaciones partidistas.

Son interrogantes sobre hechos que afectan el patrimonio, la tranquilidad y la confianza de millones de mexicanos. Y, sobre todo, son preguntas que merecen respuestas amplias, claras y verificables.

La primera tiene que ver con el huachicol fiscal. Las investigaciones han revelado redes de contrabando de combustible que involucran a empresarios, operadores logísticos, funcionarios aduanales e integrantes de las Fuerzas Armadas. Las autoridades han realizado detenciones y aseguramientos importantes, que deben reconocerse. Pero una operación de semejante magnitud no termina cuando el combustible entra ilegalmente al país.

Alguien lo transporta, alguien lo distribuye y, finalmente, alguien lo compra. ¿Quiénes son esos compradores? ¿Qué empresas participaron? ¿Hasta dónde llegaron las complicidades institucionales? Sin conocer la cadena completa, difícilmente podremos afirmar que estas organizaciones han sido desmanteladas.

La segunda pregunta surge de la reciente captura de Iván Cazarín Molina, conocido como “El Tanque”, señalado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación. Investigaciones periodísticas y grabaciones difundidas públicamente apuntan a posibles contactos con personas cercanas a los hermanos Olán, vinculados empresarialmente con obras federales y al círculo de Andrés Manuel López Beltrán. También existen interrogantes sobre posibles relaciones con otras estructuras criminales, incluida La Barredora.

Es indispensable aclarar cuáles de esos señalamientos tienen sustento. La cercanía personal no demuestra responsabilidad penal, pero tampoco justifica descartar líneas de investigación. La ciudadanía necesita saber si se están investigando esas posibles conexiones y con qué resultados.

La tercera pregunta es quizá la más cercana a la vida cotidiana de las familias mexicanas: ¿cómo es posible que continúen realizándose extorsiones desde los centros penitenciarios? Si el Estado tiene bajo su custodia a las personas privadas de la libertad, también tiene la responsabilidad de impedir que desde esos espacios se siga delinquiendo. Ya se han anunciado bloqueos de señales telefónicas y medidas tecnológicas. Lo que necesitamos conocer es su eficacia: cuántas llamadas se han impedido, qué centros penitenciarios siguen presentando problemas y qué responsabilidades se han establecido ante posibles complicidades internas.

Por supuesto, nadie está solicitando que se revelen datos capaces de comprometer investigaciones en curso. Pero la reserva ministerial no puede convertirse en una excusa para evitar toda rendición de cuentas. Es posible informar sobre avances, responsabilidades institucionales y resultados sin vulnerar el debido proceso.

Estas tres preguntas tienen algo en común: ninguna puede resolverse únicamente anunciando más detenciones. Lo verdaderamente importante es desarticular las redes económicas, políticas y operativas que permiten la continuidad de los delitos.

Reconozco los esfuerzos de las autoridades federales cuando producen resultados. Pero precisamente porque la seguridad es demasiado importante para convertirla en una disputa partidista, debemos exigir respuestas completas.

México necesita saber no solamente a quiénes ha detenido su gobierno, sino qué está haciendo para impedir que las estructuras criminales continúen funcionando. Esa es la rendición de cuentas que exige una democracia y que merecen todos los mexicanos.