Decir que cada mexicano “debe” alrededor de 142 mil pesos no significa que mañana Hacienda vaya a enviarle una cuenta de cobro a cada ciudadano. Pero tampoco significa que la deuda pública sea una abstracción que sólo interese a economistas. En 2020, la carga de la deuda pública por habitante era de 95 mil 884 pesos; para 2025 llegó a 141 mil 910. En cinco años aumentó más de 46 mil pesos por persona.

¿Y cómo termina pagando usted esa deuda? De varias maneras. La primera es bastante sencilla: los intereses también salen del presupuesto público. Cada peso destinado al costo financiero de la deuda es un peso que ya no puede utilizarse en hospitales, medicinas, carreteras, escuelas, seguridad o infraestructura. El problema se vuelve especialmente serio cuando las obligaciones rígidas crecen al mismo tiempo. Entre 2018 y 2027, el costo financiero aumentará 57.2% en términos nominales y el gasto en pensiones contributivas 45.5%; mientras tanto, la inversión física disminuirá 1.8%.

Eso significa que la deuda se paga también mediante lo que deja de hacerse. Menos carreteras, menos infraestructura hidráulica, menos hospitales, menor capacidad para generar crecimiento futuro. Mapfre Economics advierte precisamente que el sacrificio de la inversión pública en infraestructura ha contribuido al bajo crecimiento del país: el consumo puede sostener la economía durante algún tiempo, pero la inversión es la que genera capacidad productiva de largo plazo. Por eso, es muy probable que usted no encuentre un empleo formal.

Y existe otro mecanismo menos visible. Cuando un gobierno tiene poco espacio fiscal, termina enfrentando decisiones difíciles: aumentar la recaudación, reducir gasto, posponer inversiones o contratar más deuda. Si además sube el riesgo financiero, el gobierno debe pagar intereses mayores. Y eso puede terminar encareciendo también el financiamiento de empresas y familias.

Hay además una cuestión política difícil de ignorar. En diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador afirmó: “No vamos a endeudar al país”. Meses después insistió en que la deuda no aumentaría en términos reales durante todo su sexenio. Incluso explicó después por qué consideraba peligroso hacerlo: aumentar la deuda significaba aumentar su servicio e “hipotecar el futuro de las nuevas generaciones”.

Hoy, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público pasó de 12.083 billones de pesos en 2020 a 18.578 billones en 2025, y Hacienda proyecta más de 21.6 billones para 2027. El actual gobierno sostiene que la deuda permanece en niveles manejables y que su administración es responsable. Esa explicación forma parte del debate y merece considerarse. Pero la pregunta para los ciudadanos es más elemental: ¿qué recibimos a cambio?

Porque endeudarse para construir infraestructura productiva que impulse el crecimiento puede tener una justificación. Endeudarse mientras disminuye la inversión, los servicios públicos presentan enormes carencias y una proporción creciente del presupuesto termina comprometida en intereses plantea una discusión completamente distinta.

La deuda pública no llega a nuestra casa en forma de recibo. Llega como una carretera que no se construyó, un hospital que no se equipó, un medicamento que no apareció o un impuesto que mañana habrá que recaudar. Y también llega en forma de falta de oportunidades, de empleos bien remunerados y de dependencia de las ayudas públicas.

Por eso esos 142 mil pesos sí importan. No porque tengamos que pagarlos hoy de contado, sino porque, de una manera u otra, los estamos pagando todos los días con menor calidad de vida.