Hablar de comercio exterior en México, es hablar de una realidad diaria, de lo que consumimos, de lo que producimos y de cómo nos relacionamos con el mundo. México es en esencia, un país abierto. Su economía depende en gran medida del intercambio constante de bienes y servicios con otros países. Todo eso pasa, por un sistema que sostiene gran parte del funcionamiento nacional: el sistema aduanero. La semana pasada, en Tijuana, Baja California, se llevó a cabo el Congreso Nacional de la ANFADE (Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, A.C.), que preside el jurista Máximo Carvajal, para intercambiar conocimiento desde la academia. 

Aparece una contradicción sobre este importante tema que vale la pena señalar; mientras el comercio exterior ocupa un lugar central en la economía, el derecho del comercio exterior y el derecho aduanero, siguen ocupando un lugar secundario en la formación jurídica. El derecho del comercio exterior, más que normas jurídicas, son decisiones; cada regulación, cada tratado, cada restricción o incentivo fiscal, responde a una decisión del Estado, son parte de una estrategia. El derecho juega un papel clave, porque detrás de cada operación comercial, hay interpretación jurídica, un cumplimiento normativo y muchas veces una defensa legal.

El derecho aduanero es la parte operativa del comercio exterior, donde todo se vuelve real; en las aduanas no hay teoría, hay decisiones. Una mercancía entra o no entra, se autoriza o se detiene, se cumple o se incumple. Las aduanas recaudan impuestos y protegen al país; controlan qué productos ingresan, verifican condiciones sanitarias, evitan prácticas ilegales y regulan la competencia económica. Esto convierte al derecho aduanero en un área sensibles del sistema jurídico. Aún así, sigue siendo una materia poco explorada dentro de la formación jurídica. México no puede entenderse sin el comercio exterior porque gran parte de su crecimiento económico depende de su capacidad para exportar e importar de manera eficiente, y su cercanía con Estados Unidos de América, es una ventaja geográfica y es una relación estructural.

Las cadenas de suministro, la industria manufacturera, la inversión extranjera…todo pasa por un mismo filtro: el sistema aduanero, si ese sistema falla, todo se complica. Se encarecen productos, se retrasan procesos y se generan conflictos legales. Por eso, el derecho aduanero es una necesidad académica y la crítica tiene que ser clara. La mayoría de las Facultades de derecho en México, seguimos centradas en una formación tradicional. El derecho aduanero, cuando aparece, suele ser optativo, superficial o desconectado de la práctica. Esto genera una brecha evidente, por un lado, un país que depende del comercio internacional y por otro, profesionales del derecho que no están preparados para entenderlo. No es falta de capacidad, es falta de enfoque; una oportunidad que se está desaprovechando.

Formar abogadas y abogados, capaces de moverse en contextos internacionales, de entender dinámicas globales y de adaptarse a nuevos retos, es la dirección en la que debemos avanzar. Dejar huella es un responsabilidad, es entender que la formación jurídica no termina en el aula, que lo que se aprende tiene impacto real y que hay áreas, como el comercio exterior, donde hay mucho por construir académicamente y profesionalmente. Es importante abrir esta conversación; el derecho aduanero no es el futuro, es el presente y si no lo entendemos, quedaremos fuera de un área dinámica y competitiva del ejercicio profesional.

Al final, no se trata solo de estudiar normas jurídicas, se trata de formar perfiles especializados, que entiendan el momento que vive el país y que estén preparados para intervenir, construyendo un andamiaje jurídico real y práctico. Porque México ya está jugando en una cancha global en materia comercial y aduanera, la pregunta es, si sus universidades, también lo estamos.