Baja California.- En un desgarrador testimonio que ha sacudido a la comunidad bajacaliforniana, Gabriela Ponce Rodríguez, propietaria del negocio «Bazar Gaby», denunció públicamente ser víctima de un intento de extorsión por parte de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A través de una transmisión en vivo realizada el pasado 1 de mayo, la empresaria reveló amenazas de muerte contra ella y su hijo, además de la advertencia de quemar su patrimonio si se niega a pagar el llamado «cobro de piso».

Ponce Rodríguez mostró su temor y desesperación al asegurar que, a pesar de presionar el botón de emergencia en tres ocasiones, la Policía Municipal no acudió a su llamado de forma inmediata.

La amenaza: Una caja y un mensaje directo
Los hechos ocurrieron en el establecimiento ubicado sobre la Calzada Héctor Terán Terán. De acuerdo con la afectada, un sujeto a bordo de una motocicleta evadió la seguridad y dejó una caja con una nota contundente:

«Comunícate o vamos a quemar tu negocio, y a matarte a ti, y a tu hijo. Ya sé que estás ubicada en Venecia. Atentamente Cártel Jalisco».

Ante la gravedad de la situación, Gabriela Ponce anunció el cierre de su negocio y tomó medidas extremas de seguridad familiar: «A partir de hoy mis hijos no viven conmigo y tienen prohibido visitarme». Con resignación, expresó que no cuenta con los recursos para pagar la extorsión: «No tengo para darles y sé que me van a matar… aquí no sobra».

Indignación del sector empresarial
El caso de «Bazar Gaby» generó una reacción inmediata del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California. Su presidente, Octavio Sandoval López, exigió este sábado 2 de mayo un programa efectivo de combate a la extorsión, señalando que el «cobro de piso» es el delito que más ha crecido en el estado en la última década, operando bajo un alarmante manto de impunidad.

El CCE destacó que la modalidad presencial es la más grave, pues los delincuentes se exhiben con total descaro ante las cámaras, sabiendo que la respuesta institucional suele ser nula o tardía.

Respuesta del Gobierno Estatal
Tras la difusión masiva del video, el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda emitió un comunicado justificando su estrategia de seguridad. Según la administración estatal:

  • Se han desarticulado 28 células delictivas y detenido a 77 personas vinculadas a la extorsión.
  • En el caso específico de Gabriela Ponce, aseguran que se activaron protocolos de atención y acompañamiento por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
  • Se mantiene vigilancia y seguimiento a través del Centro Antiextorsión.