Ciudad de México.- En las últimas semanas, el presidente de México ha obtenido evidencias que desafían el discurso oficial sobre el tráfico de drogas en el país. A diferencia de la creencia generalizada de que México es solo un territorio de tránsito, se ha revelado que la producción de drogas también tiene lugar en el país. Este descubrimiento ha desencadenado tensiones con congresistas estadounidenses, quienes acusan al Gobierno mexicano de no abordar adecuadamente el tráfico de fentanilo.
Durante un reciente enfrentamiento con los legisladores estadounidenses, el presidente AMLO desestimó las acusaciones como «politiquería», pero no negó la producción de fentanilo en México. Aunque Washington respalda las acciones del Ejército mexicano para decomisar la droga y desmantelar laboratorios, el enfoque en las sanciones contra operadores empresariales y financieros se ha vuelto un punto central. Se critica la eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Pablo Gómez, para congelar cuentas y abordar transacciones cruciales para la cadena de suministro del tráfico.
Internamente, se cuestiona la falta de logros de Gómez en la lucha contra el lavado de dinero, considerándola más enfocada en la política cotidiana de la 4T que en medidas efectivas. Expertos insisten en que sin abordar el aspecto financiero, los decomisos carecen de eficacia, especialmente ante drogas como el fentanilo, cuya fabricación tiene un bajo costo. En un intento de seguir el ejemplo estadounidense, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó recientemente a personas vinculadas a cárteles en México y Colombia, señalando el camino a seguir para México en su lucha contra el tráfico de drogas.
