Eso de la defensa a la libertad de expresión es todo lo contrario en Campeche y en Puebla.
En ambas entidades, gobernadas por morenistas, se traza una ruta legal para acallar las voces de las y de los periodistas que ejercen su labor en medios formales y en las redes sociales.
Y un Poder Judicial a modo equivale al fascismo y al autoritarismo.
En Campeche, la gobernadora Layda Sansores mandó cerrar el portal Tribuna y mandó vincular a proceso penal al periodista Jorge González Valdez, a quien acusa de incitación al odio.
Además, tiene que pagar dos millones de pesos al titular de comunicación social de esa entidad, por el supuesto delito de daño moral. El periodista Jorge González está impedido de ejercer su oficio de manera libre.
Y otro atentado a la libertad de expresión ocurre en Puebla, donde otro gobernador morenista, Alejandro Armenta, inventó el delito de ciberasedio para acallar la crítica de periodistas en redes sociales.
La iniciativa morenista fue aprobada por el Congreso estatal, y ahora el gobernador impulsa mesas de análisis para justificar el golpe dado. Ni Dios lo quita.
Lógico, ese delito generará más críticas en redes bajo el anonimato, pero el objetivo es acallar las voces críticas al hacer a un lado que son los ciudadanos los que validan o no a quienes ejercen el periodismo en redes y no en medios formales como la radio, la televisión o la prensa escrita.
En ambos estados es evidente que a los gobiernos morenistas no les gusta la libertad de expresión y prefieren acallarla con ministerios públicos a modo, así como jueces y magistrados.
En Campeche y en Puebla de democracia no muestran nada sus gobernadores, y, por el contrario, demuestran la hipocresía.
Un doble discurso que, de seguro, le recuerda los compromisos incumplidos de López Obrador.
El no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, principios que no solo se dejaron de cumplir con AMLO, sino que se agravaron con más corrupción y más impunidad.
Ahora en Campeche y en Puebla se suma otro principio: pisotear la libertad de expresión
