Un juez federal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar versiones públicas de los contratos celebrados con la empresa Comercializadora Antsua S.A. de C.V., relacionados con el software de espionaje Pegasus.
La resolución responde a un amparo concedido a la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que busca revelar los detalles de la compra y uso del controversial malware.
El Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México emitió la sentencia tras confirmar que la Sedena había mentido sobre la inexistencia de dichos contratos.
Los documentos, que fueron solicitados por R3D en octubre de 2022 y cuya entrega fue ordenada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en enero de 2023, deberán ser publicados sin más dilación.
La filtración de datos del colectivo Guacamaya Leaks reveló en 2019 la existencia de los llamados «oficios mortales», correos electrónicos que confirmaban la compra de Pegasus. Pese a esta evidencia y a la resolución del INAI, la Sedena había mantenido en secreto los contratos.
R3D, a través de un comunicado, destacó la importancia de esta decisión judicial para la transparencia y el combate al espionaje ilegal en México. La organización señaló que el software Pegasus ha sido utilizado para espiar a periodistas, activistas y funcionarios públicos, incluyendo al periodista Ricardo Raphael y al activista Raymundo Ramos.
La sentencia reafirma la obligatoriedad de las resoluciones del INAI y representa un paso significativo hacia la rendición de cuentas en el uso de tecnologías de vigilancia por parte del Gobierno mexicano.
La Sedena, que inicialmente negó la existencia de los contratos, ahora deberá cumplir con la orden judicial y entregar la información solicitada.
